Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

La larga marcha hacia un Sistema Nacional de Cuidados (primera nota)

Imagen nota Voces 21_11_2013

En los hogares uruguayos, cuando hay que cuidar personas que requieren de atención especial, en general se asume que esas tareas las realizan las mujeres. Niñas y niños que no han alcanzado la edad escolar, personas adultas y ancianas que afrontan una discapacidad permanente o transitoria, requieren de asistencia, de acompañamiento. Hablar de cuidados familiares es hablar de parte de la matriz del estado de bienestar uruguayo, que ha hecho históricamente invisible el papel de las mujeres al interior de las familias.

Por Jorge Papadópulos

Las transferencias de dinero por parte del Estado son imprescindibles para que las familias adquieran servicios para la primera infancia, la discapacidad y la tercera edad que no se puede valer por si misma y es dependiente. Pero no es suficiente para dar cuenta de las necesidades de esta población y tampoco lo es como para aliviar a las mujeres (madres e hijas, mayoritariamente) que deben hacerse cargo de cuidar a sus familiares. Para eso se precisan servicios: jardines de infantes, escuelas (de tiempo completo, prioritariamente), cuidados domiciliarios, centros diurnos y residencias para adultos mayores de calidad y accesibles.

Una visión estratégica de la política pública, y de la política social en particular, significa no actuar solamente sobre los problemas emergentes sino adelantarse a los mismos generando alternativas que nos permitan controlar, al menos en forma mínima, aquellos factores que sabemos han de incidir sobre la realidad en el mediano y largo plazo.

ALGUNOS ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL URUGUAY

En nuestro país, alrededor del 20% de las familias cuenta con al menos un miembro que sufre algún tipo de discapacidad y requiere cuidados. Dentro de poco más de diez años, la población mayor de 60 años se duplicará y alcanzará a 1.100.000 personas. De ellas, 263.000 serán mayores de 75 años, representarán algo menos de un tercio de nuestros adultos mayores y el 7% de la población total del país.

En el otro extremo de la escala etaria, en el país viven 760.000 niñas y niños cuyas edades van de 0 a 13 años; 160.000 de ellos son menores de 3 años. De no producirse cambios demográficos sustantivos, estos guarismos permanecerán con escasos cambios en el mismo plazo que analizamos para el caso de los adultos mayores. Esto indica que la inversión que se requiere para cuidados a la primera infancia es previsible pero estable en el mediano plazo. En cambio, la inversión necesaria para la tercera edad aumentará rápidamente.

Por tanto, debemos llevar adelante políticas con creciente intensidad para adelantarnos a los efectos que transitará la sociedad uruguaya: duplicación de la carga de trabajo no remunerado sobre las mujeres que cuidan, pérdida social de la energía que estas mujeres podrían aportar a la producción y al crecimiento económico del país, y pérdida de oportunidades de desarrollo personal que ellas sufrirán por no poder integrarse al sistema educativo.

Hoy sabemos que la mayoría de los niños nacen en los hogares de menores ingresos y que esas familias son las que tienen más niños. Muchos de estos hogares son monoparentales con jefatura femenina. En estos casos el mayor tiempo de estas mujeres está dedicado al cuidado de los niños, y, si continúan insertas en el mercado laboral, esta inserción debe ser parcial (de mala calidad) y sus niños tienen largos espacios de la jornada en los que están desprotegidos o cuidados por familiares o vecinas.

Con la excepción de los segmentos de la población que tienen recursos suficientes para solventar los gastos que estos cuidados requieren, estas dificultades se extienden también a mujeres y familias de ingresos medios y medios bajos. Asimismo, hay suficiente evidencia de que los adultos mayores con algún nivel de dependencia están al cuidado de sus familiares (mayormente sus hijas) y que solamente cuentan con cuidados profesionales aquellos de mayores ingresos.

Durante las dos décadas precedentes, en Europa y América Latina primó la concepción de que el crecimiento económico es un prerrequisito que garantiza la mejora de la calidad de vida de la población. Desde comienzos del siglo XXI, intelectuales y políticos de izquierda damos una batalla política y cultural para revertir los efectos de esta concepción y estamos demostrando con evidencia que para crecer (como prerrequisito de la redistribución) primero se requiere invertir y que es lo mismo invertir en una industria que en un puerto, una plantación de soja o una escuela o un centro de rehabilitación. La inversión en el sector social es también inversión productiva: genera crecimiento, genera empleo genuino.

También hace parte del sentido común de la región que los cuidados de la población vulnerable son de cargo de las mujeres de la familia. A esto se le ha llamado el estado de bienestar “familista”. En parte por eso es que el tema tiene tan poca visibilidad.

UNA NUEVA AGENDA PROGRESISTA EN MATERIA DE POLÍTICAS SOCIALES

Desde 2005, notoriamente el Uruguay y varios países de la región transitan un camino diferente al de las décadas pasadas. En nuestro país, los tres pilares de la acción de gobierno han sido la atención a la emergencia social, a los más pobres e indigentes, la recreación lenta y paulatina del entramado social y productivo del país y la recuperación de la inversión pública y privada de manera tal que se sustente un fuerte proceso de desarrollo nacional.

Partimos de supuestos, en materias social, diferentes a los que se habían desarrollado hasta el año 2004. Se crearon más y mejores empleos, se comenzó a fortalecer la cohesión social y a instalar en la agenda pública temas que eran invisibles para la construcción política: la transformación de las estructuras familiares, el nuevo papel de las mujeres en las familias y en los mercados de trabajo, la precariedad del empleo, la violencia social y familiar, la transformación -y muchas veces el desmantelamiento- del aparato productivo, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y las mujeres, los desafíos de la estructura demográfica del país y sus consecuencias sobre el sistema de seguridad social. La lista es muy extensa.

Entre los temas que han ingresado en estos años en la agenda del debate político emerge también, lenta pero sostenidamente, el de los cuidados familiares.

Notoriamente, para la construcción de la agenda no partimos de cero. Hace años que organizaciones de la sociedad civil, investigadores e investigadoras, hombres y mujeres del sistema político, integrantes de los diversos equipos ministeriales y gubernamentales estamos elaborando, construyendo, sistematizando información.

Con esta nota iniciamos una serie que apunta a hacer públicos estos avances, a sintetizar los naturales debates que se producen y producirán, y a contar cual es la rica experiencia internacional en este campo. Tendremos que discutir sobre un diseño de política que implica un modelo de atención (quiénes, cómo y sobre qué base son beneficiarios), un modelo de financiamiento (cómo se paga y quiénes lo hacen) y un modelo de gestión (cómo se garantizan la calidad y acceso y qué instituciones son las responsables).

Aportaremos a esta discusión teniendo muy presente que para Uruguay esta es una muy fuerte innovación en el campo de la política social. Sin duda alguna, para implementarse requerirá acuerdos muy amplios de naturaleza técnica y política. Y debemos, todos, asumir que estos acuerdos deben darse sobre bases informadas, sobre conocimiento y evidencia científica. Confiamos que estos aportes colaboren en una conceptualización del diseño del Sistema Nacional de Cuidados basada en esta tan necesaria construcción de consensos.

Publicada en el Semanario Voces, el jueves 21 de noviembre de 2013.

Compartir