Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Hacia un Sistema Nacional de Cuidados

cuidados_anciana

En los hogares uruguayos, cuando hay que cuidar personas que requieren de atención especial, en general se asume que esas tareas las realizan las mujeres. Niñas y niños que no han alcanzado la edad escolar, personas adultas y ancianas que afrontan una discapacidad permanente o transitoria, requieren de asistencia, de acompañamiento. Hablar de cuidados familiares es hablar de parte de la matriz del estado de bienestar uruguayo, que ha hecho, históricamente, invisible el papel de las mujeres al interior de las familias.

Las transferencias de dinero por parte del Estado son imprescindibles para que las familias adquieran servicios para la primera infancia, la discapacidad y la tercera edad que no se puede valer por si misma (dependiente). Pero no es suficiente para dar cuenta de las necesidades de esta población y tampoco lo es como para aliviar a las mujeres (madres e hijas, mayoritariamente) que deben hacerse cargo de cuidar a sus familiares. Para eso se precisan servicios: jardines de infantes, escuelas (de tiempo completo, prioritariamente), centros día y residencias para adultos mayores de calidad y accesibles.

Una visión estratégica de la política pública, y de la política social en particular, significa no actuar solo sobre los problemas emergentes sino adelantarse a los mismos generando alternativas que nos permitan controlar, al menos en forma mínima, aquellos factores que sabemos han de incidir sobre la realidad en el mediano y largo plazo.

Realidad demográfica

En nuestro país, alrededor del 20% de las familias cuenta con al menos un miembro que sufre algún tipo de discapacidad y requiere cuidados. Dentro de 17 años, la población mayor de 60 años se duplicará y alcanzará a 1.100.000 personas. De ellas, 263.000 serán mayores de 75 años, representarán algo menos de un tercio de nuestros adultos mayores y el 7% de la población total del país.

En el otro extremo de la escala etárea, en el país viven 760.000 niñas y niños cuyas edades van de 0 a 13 años; 160.000 de ellos son menores de 3 años. De no producirse cambios demográficos sustantivos, estos guarismos permanecerán con escasos cambios en el mismo plazo que analizamos para el caso de los adultos mayores. Esto indica que la inversión que se requiere para cuidados a la primera infancia es previsible pero estable en el mediano plazo. En cambio, la inversión necesaria para la tercera edad aumentará rápidamente.

Si no se comienza a tomar medidas de política casi de inmediato, los efectos que sufrirá la sociedad uruguaya serán dos: una duplicación de la carga de trabajo no remunerado sobre las mujeres que cuidan y una pérdida social de la energía que estas mujeres podrían aportar a la producción y al crecimiento económico del país. Y esto sin contar con la pérdida de oportunidades que estas mujeres deberán confrontar por no poder integrarse al sistema educativo.

Hoy sabemos que la mayoría de los niños nacen hogares bajo la línea de pobreza y que las familias más pobres son las que tienen más niños. Muchos de estos hogares son mono parentales con jefatura femenina. En estos casos el mayor tiempo de estas mujeres está dedicado al cuidado de los niños, y, si continúan insertas en el mercado laboral, esta inserción debe ser parcial (de mala calidad) y sus niños tienen largos espacios de la jornada en los que están desprotegidos o cuidados por familiares o vecinas.

Con la excepción de los segmentos de la población que tienen recursos suficientes para solventar los gastos que estos cuidados requieren, estas dificultades se extienden también a mujeres y familias de ingresos medios y medios bajos. Asimismo, hay suficiente evidencia de que los adultos mayores con algún nivel de dependencia están al cuidado de sus familiares (mayormente sus hijas) y que solo cuentan con cuidados profesionales aquellos de mayores ingresos.

Durante las dos décadas precedentes, en Europa y América Latina primó la concepción de que el crecimiento económico es un prerrequisito que garantiza la mejora de la calidad de vida de la población. Desde comienzos del siglo XXI, intelectuales y políticos damos una batalla política y cultural para revertir los efectos de esta concepción y estamos demostrando con evidencia que para crecer (como prerrequisito de la redistribución) primero se requiere invertir y que es lo mismo invertir en una industria que en un puerto, una plantación de soja o una escuela o un centro de rehabilitación. La inversión en el sector social es también inversión productiva: genera crecimiento, genera empleo genuino.

También hace parte del sentido común de la región que los cuidados de la población vulnerable son de cargo de las mujeres de la familia. A esto se le ha llamado el estado de bienestar “familista”. En parte por eso es que el tema tiene tan poca visibilidad.

La nueva agenda pública

Desde 2005, notoriamente el Uruguay y varios países de la región transitan un camino diferente al de las décadas pasadas. En nuestro país, los tres pilares de la acción de gobierno han sido la atención a la emergencia social, a los más pobres e indigentes, la recreación lenta y paulatina del entramado social y productivo del país y la recuperación de la inversión pública de manera tal que se comience a sustentar un fuerte proceso de desarrollo nacional.

Partimos de supuestos, en materias social, diferentes a los que se habían desarrollado hasta el año 2004. Se crearon más y mejores empleos, se comenzó a fortalecer la cohesión social y a instalar en la agenda pública temas que eran invisibles para la construcción política: la transformación de las estructuras familiares, el nuevo papel de las mujeres en las familias y en los mercados de trabajo, la precariedad del empleo, la violencia social y familiar, la transformación -y muchas veces el desmantelamiento- del aparato productivo, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y las mujeres, los desafíos de la estructura demográfica del país y sus consecuencias sobre el sistema de seguridad social. La lista es muy extensa.

Entre los temas que ahora han ingresado en la agenda del debate político emerge también, lenta pero sostenidamente, el de los cuidados familiares.

El debate que avanza

Notoriamente, para la construcción de la agenda no partimos de cero. Hace años que organizaciones de la sociedad civil, investigadores e investigadoras, hombres y mujeres del sistema político, integrantes de los diversos equipos ministeriales y gubernamentales estamos elaborando, construyendo, sistematizando información. En el último cuatrienio diversos eventos nos permitieron avanzar, dar pasos sustantivos para comenzar a delinear un nuevo sistema como el que proyectamos. El “Diálogo Nacional por la Seguridad Social”, donde participaron empresarios, trabajadores, representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, el sistema universitario, ministerios y el Banco de Previsión Social (BPS), permitieron avances en dos aspectos muy importantes para nuestra ciudadanía: la flexibilización del sistema jubilatorio y la formulación de un nuevo y mejor seguro por desempleo.

También estuvo presente en ese debate el tema de los cuidados familiares. A fines del 2007 se aprobó un documento elaborado por técnicos de los ministerios de Salud Pública (MSP) y Desarrollo Social (MIDES) y el BPS denominado “Bases para la Formulación de un Sistema Nacional de Atención al Adulto Mayor”. Durante dos meses del 2008 el Comité de Coordinación Estrategia de Infancia y Adolescencia trabajó y elaboró la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA), que estableció lineamientos para los años 2010 – 2030 en la materia. En estos meses de 2009 está concluyendo el Diálogo Nacional sobre Políticas Sociales, Envejecimiento y Territorio, que brindará nueva información sobre el tema de los cuidados para el adulto mayor.

Organizaciones no gubernamentales como la Red Género y Familia están aportando sustantivamente. El año pasado cristalizaron instancias de debate multidisciplinario sobre el tema, que permitieron amplificar los conocimientos que diversos actores sociales e investigadores acumularon a partir de evidencia empírica con rigor científico. Así, los estudios del uso del tiempo al interior de las familias de investigadoras como Karina Batthyány, Rosario Aguirre y Soledad Salvador, entre otras (y otros que vienen trabajando en el tema desde hace casi una década), han permitido mostrar la carga de cuidados que cae sobre las familias y en particular sobre las mujeres, creando una fuente importantísima de inequidad de género y que los cuidados familiares se traducen en una economía invisible pasible de ser cuantificada en el orden del 25% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Esa es la dimensión económica, a las que se suman las dimensiones social, familiar y psicológica del problema.

Primeros acuerdos

En mayo pasado se realizó el seminario internacional “Los sistemas de cuidados – ¿Una respuesta a los nuevos desafíos de la protección y el bienestar social? – Experiencia europea y perspectivas para Uruguay“ . Organizado por las fundaciones Liber Seregni y Pablo Iglesias con el respaldo de Fesur, contó con la participación de expertas y políticas españolas así como representantes gubernamentales, legisladores de los partidos políticos uruguayos, representantes de organizaciones sociales de mujeres y adultos mayores e investigadores del área social. Esta instancia catalizó un conjunto de acuerdos en base a los cuales vamos a seguir trabajando para un proyectado Sistema Nacional de Cuidados. Entre ellos, la necesidad de avanzar en la construcción de una política de cuidados que atienda a la primera infancia, a los discapacitados y a las personas de la tercera edad, así como el compromiso de continuar debatiendo respecto sobre si dicha política de cuidados debe ser encaminada con una filosofía común y articulada en conjunto, o si hay que priorizar a algunos de esos grupos. En principio, se entiende que es necesario comenzar atendiendo a alguno de los colectivos implicados y que la incorporación de todos ellos deberá ser paulatina, en un proceso de mediano y largo plazo que requiere de planificación y construcción de consensos sociales y políticos.

Esta política significará generación de empleo e inversión por parte del sector privado y del público. Estas inversiones redundarían creación de emprendimientos productivos en el sector servicios sociales de cuidados y en la generación de empleo fundamentalmente para mujeres.

Hacer visible el papel de las mujeres en su calidad de ciudadanas y de trabajadoras, implicará que el Estado garantice todos los derechos del trabajo decente, lo cual no quiere decir que los provea en exclusividad. Los proveedores pueden ser múltiples y de hecho hoy ya lo son. Pero es necesario que el Estado fortalezca su capacidad de de rectoría y regulación, para que pueda monitorear los procesos de implementación y evaluar los resultados de las inversiones sociales que se realicen, a fin de poder asignar eficientemente los recursos y corregir o cambiar el rumbo cuando ello fuera necesario.

Costos y beneficios

Una de las conclusiones más importantes a las que se arribó es la necesidad de crear servicios como centros de día para los ancianos, residencias de larga estadía, sistemas de teleasistencia, jardines de infantes, escuelas de tiempo completo, centros de rehabilitación, residencias tuteladas, etc. Sabemos que estamos hablando de una inversión pública y privada muy importante. Y de servicios que hay que crear o mejorar sustantivamente (cuando estos existen).

Por tanto, debemos fijarnos plazos, metas, tiempos y seguir intercambiando para definir el modelo de financiamiento. En los países en que existen sistemas de cuidado, hay tres formas básicas de financiarlos: a través de la contratación de seguros privados; por medio de cotizaciones adicionales a la seguridad social, incorporando un componente que esté destinado también a situaciones catastróficas para los adultos mayores y para el caso de la discapacidad; mediante partidas de rentas generales, financiadas con aportes de naturaleza progresiva, como el impuesto a la renta de las personas físicas.

Concluimos con unas cifras provisorias del empleo potencial que se podría crear en el sector de cuidados para adultos mayores. Si tomamos el total de adultos mayores que cuentan con algún tipo de discapacidad que los hace inhábiles para atender las necesidades de la vida cotidiana y que hoy son cuidados por sus familiares, se generarían entre 19.000 y 21.000 puestos de trabajo en centros de rehabilitación, centros de día o residencias de larga estadía. Vale la pena señalar que estos puestos de trabajo no solo son de cuidadores: incluyen trabajo calificado como el que desempeñan diversas categorías de trabajadores de las áreas de rehabilitación y trabajo social. Hoy esta función es no remunerada y familiar y, como hemos visto, en la mayoría de los casos, recae en mujeres de bajos ingresos que no pueden “comprar” estos servicios en el mercado. A estos empleos directos habría que sumarles los que se crearían a partir de la construcción de edificios apropiados, incorporación de servicios necesarios como alimentación o producción y gestión de tecnología adecuada.

Jorge Papadópulos
Doctor en Ciencia Política. Director del Banco de Previsión Social, a quien representa en la Junta Nacional de Salud y el Fondo Nacional de Recursos.

Compartir