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Diseñar un Sistema Nacional de Cuidados es seguir construyendo políticas públicas de calidad

El Seminario Internacional “Los sistemas de cuidados – ¿Una respuesta a los nuevos desafíos de la protección y el bienestar social? – Experiencia europea y perspectivas para Uruguay, organizado por las Fundaciones Liber Seregni y Pablo Iglesias y el respaldo de Fesur, contó con la participación de Micaela Navarro, Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Marisol Pérez, Secretaria de Bienestar Social, Salud y Consumo de la Comisión Ejecutiva Federal, Diputada del Partido Socialista Obrero Español y portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, representantes gubernamentales, legisladores del gobierno y la oposición, representantes de organizaciones sociales de mujeres y adultos mayores, así como también de ámbitos académicos universitarios.

Se analizó la situación del cuidado de los niños, los discapacitados y los adultos mayores no autoválidos, responsabilidad que los países encaran con una combinación diferente de recursos de las familias, el estado y el mercado.

Uruguay tiene una tradición de protección social por el cual el estado interviene fuertemente en las transferencias monetarias hacia los adultos mayores a través de su sistema de jubilaciones y pensiones. También enfrenta la necesidad de ingreso de las familias con hijos a través de un sistema complejo de asignaciones familiares.

Al término del evento, el Dr. Jorge Papadópulos, Director del Banco de Previsión Social expresó “…su satisfacción por la participación de una multiplicidad de referentes, lo que permitirá seguir trabajando eficazmente en el diseño de esta política pública de calidad para el Uruguay”.

Respecto de los resultados del Seminario, resaltó la construcción de un conjunto de acuerdos en la necesidad de avanzar en la construcción de una política de cuidados y que esa política de cuidados debe atender a la primera infancia, a los discapacitados y a las personas de la tercera edad”.

Por su parte, señaló la necesidad de “…continuar debatiendo si dicha política de cuidados debe ser encaminada con una filosofía común y ser articulada en conjunto, o si hay que priorizar a algunos de estos grupos. Se produjo consenso en que, en cualquier caso, es necesario comenzar atendiendo a alguno de estos colectivos implicados, y que la incorporación de todos ellos deberá ser paulatina, en un proceso de mediano y largo plazo que requiere de planificación y construcción de consensos sociales y políticos”.

Papadópulos destacó los acuerdos alcanzados en la valoración de que esta política “…significa generación de empleo e inversión en el sector privado, en el público y en el denominado tercer sector, esta política genera oportunidades de inversión y empleo, fundamentalmente para mujeres que hoy se dedican al cuidado de los hijos y de los adultos mayores.

Una de las principales conclusiones a la que arribaron los actores políticos, institucionales y los representantes de la sociedad civil es que se visualiza una deuda oculta con las mujeres que se ocupan de los cuidados de estos sectores, que esto ha sido y es parte de la matriz del estado de bienestar uruguayo, que hace invisible el papel de la mujer en el trabajo que realiza como cuidadora de niños, de discapacitados y de ancianos. “Estos debates son los que permiten traer a la superficie, precisamente el papel de la mujer en su calidad de ciudadana y en su calidad de trabajadora, con todos los derechos que el trabajo decente implica para las y los trabajadores…”, señaló Papadópulos.

Otro acuerdo básico alcanzado es el compromiso de que consagrar estos derechos implica que el Estado es quien debe garantizarlos, pero eso no quiere decir que deba proveerlos directamente. Los proveedores pueden ser múltiples y de hecho hoy los proveedores son múltiples. Lo que es necesario es que el estado fortalezca su capacidad de gestión, de rectoría y regulación, así como tener la capacidad de monitorear los procesos por los cuales se implementa una política de este tipo y evaluar los resultados de las inversiones sociales que se realizan en ella, tanto como para poder corregirlas como para saber si hay que cambiar rumbos.

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