¿Quién cuida a quién?

De acuerdo al país en que se viva, la familia, el Estado o el mercado serán los que, en mayor o menor medida, se hagan cargo del cuidado de las personas dependientes -niños, discapacitados y adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos-. En Uruguay, el peso recae sobre todo en la familia y, más particularmente, en las mujeres.

El progresivo envejecimiento de la población y el cambio en el modelo de familia, signado por una reducción del grupo familiar y, en especial, por un cambio del rol tradicional de la mujer, con una masiva incorporación al mercado laboral, plantean la necesidad de establecer una política nacional de cuidados. El debate sobre qué sistema de protección queremos comenzó en 2008 y se prevé que finalice este año.

Recientemente se realizó en Montevideo el seminario internacional “Los sistemas de cuidados: ¿una respuesta a los nuevos desafíos de la protección y el bienestar social? Experiencia europea y perspectivas para Uruguay”. El encuentro fue organizado por la Fundación Liber Seregni y la Fundación Pablo Iglesias, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, como parte del Debate Nacional sobre Políticas Sociales, Envejecimiento y Territorio, iniciado en abril de 2008, del que participan el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la Universidad de la República (Udelar), delegados del Congreso de Intendentes, representantes de varios ministerios sociales y el Banco de Previsión Social (BPS).

Entre los antecedentes locales del tema hay que mencionar el Diálogo Nacional por la Seguridad Social, un evento que involucró a representantes del BPS, algunos ministerios, partidos políticos, trabajadores y jubilados, entre otros actores, y en el que se avanzó sobre la protección e integración de los adultos mayores. También se llevó a cabo el año pasado un seminario internacional llamado “Extensión de la protección social a poblaciones en condiciones especiales de vulnerabilidad”, se creó un ámbito de intercambio entre autoridades políticas dirigidas a la tercera edad de América Latina y Europa, y, por último, se trabajó en “Bases para una formulación de un Sistema Nacional de atención al adulto mayor”, con la participación del BPS, el Mides, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y otros organismos estatales.

En Uruguay, cerca del 20% de las familias cuenta con un miembro con algún tipo de discapacidad que requiere de cuidado.

Se calcula que en 17 años la población mayor de 75 años será de 263.000 personas, lo que equivale a un tercio de los uruguayos de más de 60 años y al 7% del total de la población. En este contexto surge la necesidad de crear un Sistema Nacional de Cuidados, que se ocupe especialmente del bienestar de los adultos mayores.

Tal como se manifestó en el seminario, el modelo se financiará con aportes de los ciudadanos, proporcionales a sus ingresos, y del Estado. Los servicios serán prestados por el sector público y el privado, así como por organizaciones de la sociedad civil.

El director del BPS, Jorge Papadópulos, destacó la necesidad de hacer visible el tema y señaló que, si bien existen 149 programas destinados a personas mayores de 64 años (por iniciativa del Mides), es necesario implementar una política de cuidados que incluya a los niños de entre 0 y 3 años de edad.

Por su parte, el subsecretario del MSP, Miguel Fernández Galeano, consideró que el tema debe verse desde distintos ángulos.

Entre otras cosas, propuso avanzar en “un modelo humanizado de cuidado” y distinguir las responsabilidades del Estado, el mercado, la familia y la sociedad, así como armonizar esos actores “con una visión de cuidado como derecho ciudadano y universal, apuntando a la equidad y a la justicia social”.

Posibles modelos

En Europa existen tres sistemas protectores de la persona dependiente.

El sistema de protección universal, de carácter impositivo, garantiza cobertura gratuita y universal. El ciudadano paga en función de la renta que percibe. Es el modelo de los países nórdicos y Holanda, con poca tradición de cuidado familiar.

Otro es el sistema de protección a través de la Seguridad Social, financiado con cotizaciones a la seguridad social de trabajadores activos y, en algunos casos, también por vía de impuestos, como forma de cubrir las prestaciones no contributivas. La situación de dependencia se evalúa en niveles de gravedad y el beneficiario puede optar por prestaciones de dinero o por servicios.

Es el modelo vigente en Austria, Alemania y Luxemburgo. Se les llama también “modelos bismarckianos”, y, al igual que en Uruguay, las prestaciones dependerán de los aportes que se realicen.

Por último, existen los sistemas asistenciales, financiados mediante impuestos para satisfacer necesidades básicas en poblaciones de bajos recursos. Este sistema es el de los países del sur de Europa, en los que el peso del cuidado recae en la familia. La clase media queda desprotegida, ya que muchas veces no son lo suficientemente pobres como para acceder a los servicios estatales ni lo suficientemente ricos como para acceder a los servicios privados. Este modelo está en retroceso en Europa, donde se favorecen los sistemas universales de protección.

Invertir a la española En la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, uno de los ejemplos tomados como referencia es el modelo español.

Como portavoz de esa experiencia, participó del seminario Marisol Pérez, diputada del PSOE y secretaria de Bienestar Social, Salud y Consumo de la Comisión Ejecutiva Federal, quien comenzó su charla con cifras ilustrativas de la realidad española anterior a la aplicación del nuevo modelo. Tres décadas atrás, el 17% de la población española tenía más de 64 años; actualmente esa cifra se duplicó y se calcula que se triplicará para el 2050. Antes de 1999, había 2.215.000 personas mayores de seis años con alguna discapacidad respecto de las actividades de la vida diaria, y un millón y medio aproximadamente de personas de más de 65 años con dependencia. El 82% de los cuidadores de esas personas eran mujeres, las tres cuartas partes no trabajaban y tenían una edad media de 52 años. Sólo el 13% de los hogares contaba con ayuda profesional. El 12% de los cuidadores dejó su trabajo o redujo su jornada laboral para asistir al familiar dependiente. Y casi un 60% de ellos tiene deterioro físico, depresión, o ambos.

En España, la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, fue aprobada en diciembre del 2006, por amplia mayoría. El concepto de dependencia adoptado refiere a la falta de autonomía física e intelectual, con necesidad de ayuda o apoyo para las actividades de la vida cotidiana.

“La ley instaura un derecho de ciudadanía para personas dependientes, desde niños recién nacidos hasta el final de la vida, sin excluir a nadie y cubriendo todo el territorio español”, dijo Pérez. El antiguo sistema español prestaba servicios insuficientes y de forma desigual, ya que el acceso dependía de la renta, del aporte del contribuyente (correspondiendo al modelo bismarckiano).

El modelo se financia en forma compartida o mixta. El Estado aporta un 50%, y el resto recae en las comunidades autónomas y los beneficiarios (de acuerdo a sus posibilidades). El sistema español divide a la población en tres grupos: grandes dependientes, dependientes severos y dependientes moderados. Según señaló Pérez, actualmente hay 60 mil beneficiarios de la ley. La inclusión al sistema es gradual, se comenzó por el primer grupo y se prevé una incorporación total para 2015.

“En España no hablamos más de gasto social: hablamos de inversión”, dijo Pérez. Para dar fe de sus palabras, agregó que la Madre Patria ha destinado 400 millones de euros para desarrollar la Ley de Dependencia, crear unos 35 mil empleos y alrededor de 50 mil nuevas plazas y servicios. Lo que todavía no está claro es hasta qué punto se puede mejorar la situación de las cuidadoras informales ni si el aporte económico brindado por el Estado -que en España no llega a un salario mínimo- terminará consolidando aquello que se quería desterrar.

Fuente: La Diaria

Nota elaborada por la periodista Lucía Lorenzo

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